Fernando Domínguez Cunchillos. Ex -Consejero de Salud del Gobierno de Navarra en la legislatura 2015-2019. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo
Carina Escobar. Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
7 abril, 2020
Francisco Marí. Gerente del Hospital Son Llatzer
7 abril, 2020
En esta crisis sanitaria, el comportamiento de los profesionales de la salud está siendo excepcional en todos los ámbitos y CCAA, como cabía esperar de unos profesionales altamente cualificados y comprometidos con su trabajo ya en situaciones de normalidad. Están dando lo mejor de sí mismos, desbordados en ocasiones, trabajando con escasez de equipos de protección individual (EPIs) y diezmados en su número por las bajas habidas entre los propios compañeros. Para ellos toda nuestra consideración y apoyo.
Tiempo habrá para analizar en profundidad errores y aciertos de todos en la gestión de la pandemia. Aunque ahora es momento de mantener la unidad y remar todos en el mismo sentido para hacer más eficientes las medidas adoptadas (se esté o no de acuerdo con ellas), ya pueden hacerse algunas reflexiones. En primer lugar, debe quedar claro que España no sólo es Madrid y que esto no es una guerra. La pandemia por coronavirus constituye una crisis sanitaria de primera magnitud, y no debe considerarse una guerra, ya que no lo es. Se trata de un problema sanitario contra el que hay que implementar medidas sanitarias y el resto de medidas de otra índole sólo debieran aplicarse cuando fuesen estrictamente necesarias.
También se debería evitar extrapolar la situación y las informaciones referidas a Madrid a todo el Estado. Con tal proceder se justifica la aplicación de iguales medidas a todas las CCAA para evitar el colapso sanitario cuando realmente la situación de los distintos sistemas sanitarios, provocada por los distintos modelos de gestión, no es la misma. Por ejemplo, en Madrid, La Rioja, y Navarra, las tres CCAA con mayor, y similar, incidencia acumulada de casos confirmados que ha provocado un elevadísimo número de enfermos para los que ningún sistema sanitario puede estar preparado, el comportamiento de la epidemia no ha sido el mismo. Mientras en Madrid se han colapsado los hospitales, esto no ha ocurrido ni en Navarra ni La Rioja. Las diferencias parecen radicar en la fortaleza de los distintos sistemas sanitarios públicos de nuestro país y en las marcadas diferencias en ratios de camas y profesionales entre las distintas CCAA.
La centralización de la gestión de la crisis en el Ministerio de Sanidad es una buena idea si realmente sirviese para homogeneizar recursos y unificar criterios e indicadores a nivel estatal y europeo. Si no se utilizan iguales indicadores (p. ej., criterio clínico vs. analítico para considerar a una persona enferma por coronavirus, criterios para considerar la causa del fallecimiento por coronavirus, inclusión de los fallecidos en su domicilio o no, consideración fallecimientos/contagiados vs. fallecimientos/enfermos, contabilización de fallecidos en geriátricos, etc..) nunca se sabrá la incidencia real de la pandemia ni su comportamiento en distintos ámbitos geográficos.
Si centralizar la gestión no sirve para unificar estos aspectos y homogeneizar la atención a los enfermos no será eficiente porque, además, aleja de la gestión de la crisis a quienes mejor conocen los recursos en cada ámbito territorial.
Esta crisis debe considerarse una oportunidad para aprender de nuestros propios errores. La crisis económica produjo un proceso de recortes que afectó a todas las CCAA en distinta medida. El resultado fue un deterioro importante en recursos humanos e infraestructuras en la sanidad pública, mientras de manera paralela se incrementaba el proceso privatizador. Aunque en los 4 últimos años se ha producido un aumento presupuestario, ha ido dirigido de manera casi exclusiva al incremento del gasto farmacéutico y, en algunas CCAA, a las privatizaciones.
De esta crisis debemos aprender que es necesario aumentar el gasto en sanidad destinado a equipamientos, recursos y profesionales en el ámbito público, para poder contar con un sistema público potente complementado con un sistema privado que, en igual medida pueda responder, ante situaciones de emergencia. La colaboración público- privada resulta esencial.
La profesionalización de los directivos de la salud debe ser otro aspecto que debe implementarse sin retraso. Directivos profesionales, que no se sustituyan al albur de los cambios políticos, garantizarían la continuidad de gestiones adecuadas y una mayor fortaleza del sistema sanitario público. Igualmente, se debe cambiar el peso del Consejo Interterritorial en las decisiones de las CCAA. Debe tener funciones de armonización y cohesión real entre todas las CCAA, que actualmente de hecho no tiene. Una sanidad pública fuerte y cohesionada estará más preparada para hacer frente a una crisis como la del coronavirus.
