Entrevista con Soledad Cabezón Ruiz

Defensora del artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece que “se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana en todas las acciones de la UE” y del artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en el que se recoge el derecho al acceso a la salud, Soledad Cabezón Ruiz defiende los principios de universalidad, solidaridad, equidad y calidad que el Consejo Europeo adoptó en 2006 para los sistemas de salud de la UE. Y los prioriza en sus ponencias, participaciones, etcétera como miembro en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

De formación médico, esta europarlamentaria del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, sevillana de nacimiento, es Diploma en Alta Dirección de Instituciones Sociales, Máster en Derecho Sanitario y Experta Universitaria en Gestión de Servicios Sanitarios. Desde su formación y experiencia cree que la formación en gestión es necesaria para poder dirigir instituciones sanitarias, aunque también que la visión política en el marco de la priorización de necesidades con la equidad como principio y ante escasez de recursos y con una aplicación continua de los análisis de coste-oportunidad, también es imprescindible.

PREGUNTA:       Desde su posición como europarlamentaria y participante activa en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, ¿cómo se ve la sanidad española en términos de calidad, innovación y acceso?

RESPUESTA:       La sanidad española es muy eficiente y tiene buena reputación en conjunto. Según lo que se invierte y el posicionamiento en resultados en salud y accesibilidad al sistema en los diferentes análisis, como los de la OCDE, la sanidad pública española “goza de salud”. No obstante, entre las debilidades que recogen ponen de manifiesto la necesidad de mayor coordinación de las políticas de salud regionales para garantizar la equidad entre la ciudadanía, lo cual depende bastante del papel que juegue y el compromiso con el sistema a nivel central, pues los retos globales como el acceso a las tecnologías o medicamentos innovadores o una financiación adecuada y justa requieren de soluciones por encima de las propias comunidades autónomas.

La crisis y las medidas adoptadas no han tratado bien al sistema de salud español, pero la ruptura del principio de universalidad ha repercutido especialmente en la equidad del sistema, dificultando el acceso al derecho fundamental a la protección de la salud por parte de determinados sectores de la población, como bien recogen los diferentes estudios y gráficos recientes llevados a cabo por las instituciones europeas. La universalidad, solidaridad, equidad y calidad son los principios que el Consejo adoptó en 2006 para los sistemas de salud de la UE y no debemos abandonarlos, ya sea desde el punto de vista económico como social, por eficiencia y por justicia social.

En cuanto a la innovación, es claro que necesitamos un mayor compromiso con ésta. En España tenemos centros de investigación biomédica de reconocido prestigio, pero se echa en falta una estrategia y compromiso nacional claro; lo estamos viendo en todos los sectores de la investigación en nuestro país y esto nos lastra competitividad, nuestra comunidad científica se desmotiva y se va, se descapitaliza el sistema y las consecuencias futuras no son halagüeñas.

A pesar de la recuperación económica, la inversión en Investigación y Desarrollo sigue disminuyendo. Aunque en 2016 el gasto aumentó un 0,7%, la economía creció un 3,3%. En este sentido, el desembolso se situó en el 1,19% del PIB frente al 1,22% de 2015, como demuestran los datos del INE. Desgraciadamente, la proporción de I+D en la economía retrocede y aunque la I+D desempeña un papel fundamental a la hora de beneficiarse de la actual revolución tecnológica, España continúa perdiendo peso en Europa.

P.:          ¿Cuáles cree que son los retos más relevantes para nuestra sanidad en los próximos años?

R.:          En los próximos años, habrá que hacer frente a la adaptación de nuestros sistemas a la propia evolución de la sociedad y del conocimiento, lo que, a mi entender, se puede y debe hacer creyendo en el propio sistema público. La insostenibilidad del mismo sólo la veo desde el inmovilismo. Se viene hablando mucho del envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, así como de la irrupción de nuevas tecnologías y la medicina de precisión que nos trae la genética. Esta tecnología y conocimiento hay que saberla integrar como oportunidades y solución a los retos; necesitamos la modernización de nuestros sistemas incorporando esta tecnología con una visión a medio-largo plazo. Ya hay experiencias en nuestros sistemas de salud regionales y habría que explorarlas y ponerlas en común, como también hay que estudiar lo que ya empiezan a poner en marcha en países de la UE (Países Bajos) y de fuera (Japón). Por otro lado, la organización del sistema debiera ser acorde a los cambios sociales y las demandas en salud, necesitamos de un plan estratégico que refuerce la primaria en detrimento del hospital centrismo, al mismo tiempo que integre el aspecto psicosocial, la educación y promoción de la salud. Sólo el 3% del gasto en salud en la UE se destina a prevención.

P.:          Algunos de los síntomas de que un país tiene un sistema sanitario insostenible son el déficit sanitario, un crecimiento del PIB per cápita menor que el del gasto sanitario per cápita, un crecimiento mayor del gasto sanitario público por encima del crecimiento del PIB nominal y un mayor esfuerzo para el mantenimiento del sistema sanitario público con respecto al de otros países. España posee en la actualidad todos estos indicadores. En su opinión, ¿qué medidas se deberían tomar, a grandes rasgos, para contribuir a la sostenibilidad del sistema?

R.:          La inversión pública en salud en España en los años previos a la crisis creció por encima del PIB, con importante influencia del gasto en el sector farmacéutico. Una vez inmersos en la crisis, la inversión pública en salud ha ido decreciendo y también se ha contenido el gasto farmacéutico, en parte “transferido” a la ciudadanía, mientras ha crecido el sector privado. Sin embargo, nuestro porcentaje de inversión en salud respecto al PIB siempre ha venido estando en la media de la OCDE. En todo caso, teniendo en cuenta nuestra riqueza relativa respecto a los países de la UE nunca hemos ocupado la inversión pública en salud que nos podría haber correspondido según la evolución de otros países de la UE y OCDE. En definitiva, considero que la inversión que se venía haciendo en el sistema de salud en los años previos a la crisis era la requerida para la transformación y modernización desde su concepción en la Ley General de Sanidad de 1985.

P.:          Con un vistazo rápido a Europa, ¿en qué consisten las líneas de trabajo más importantes desde el Parlamento Europeo en términos de salud y asistencia sanitaria?

R.:          Los Estados Miembros tienen las competencias en la organización de sus sistemas de salud. No obstante, desde la UE se decide sobre seguridad alimentaria, medioambiente y sanidad transfronteriza; también sobre la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, cuyo mercado también se ve afectado por las normas europeas de competencia, de mercado interior o propiedad intelectual, entre otras. La inversión en investigación biomédica que se hace dentro del programa marco de investigación de la UE es también muy importante tratando de dirigirla a necesidades como la resistencia microbiana, las enfermedades raras o el cáncer.

Además, la Comisión Europea, junto con el Parlamento, presenta su tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 2014 -2020 objetivos concretos que trata de coordinar entre los Estados Miembros y que contribuye con financiación.

El art. 168 del Tratado de Funcionamiento del a Unión Europea (TFUE) establece que “se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana en todas las acciones de la UE” y el art. 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE recoge el derecho al acceso a la salud.

En 2011, con la Directiva 2011/24/UE, sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza se ha pretendido dar respuesta a la libre circulación de las personas en el ámbito de la salud y reforzar el principio de ciudadanía europea mediante. Sin embargo, aunque se siguen dando pasos mediante el seguimiento a la implementación de la misma o a través de reglamentos en revisión como el de la coordinación de los sistemas de seguridad social, aún estamos lejos de alcanzar sus objetivos en la Europa Social que se requiere.

P.:          Uno de los últimos informes publicados por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria se centra en las opciones de la Unión Europea para mejorar el acceso a los medicamentos, del que ha sido ponente. ¿Cuáles son los problemas más importantes al respecto en el ámbito de la Unión?

R.:          Pues tenemos un desequilibrio entre lo que se investiga, en muchos casos, y las necesidades de los pacientes al depender más de las previsiones de retorno económico que de las prioridades médicas. Por otro lado, también hay problemas en el valor que otorga la industria al medicamento y el que tiene para los pacientes y puede pagar los sistemas de salud y/o pacientes. Este sistema precisa de incentivos y financiación para la investigación en áreas de menor prevalencia y/o retorno económico y no garantiza el acceso a los medicamentos por parte de la ciudadanía; mientras que no se impulsa una investigación genuina, más del 85% de las autorizaciones son de productos de la innovación incremental o de pequeñas modificaciones con escaso valor añadido. El sistema es ineficiente en términos de salud.

El informe recoge numerosas propuestas y ámbitos en los que se debe actuar. La Comisión se ha hecho eco de la necesidad de una evaluación del valor terapéutico añadido y efectividad a nivel europeo y acaba de presentar su propuesta legislativa y habrá que ver cómo queda. Por otro lado, y, en parte, en la línea que reclama el Parlamento Europeo de estudiar el impacto del sistema de propiedad intelectual en la promoción de la investigación y el efecto en el acceso a los medicamentos, con especial atención a los incentivos puestos en marcha, la Comisión Europea también ha anunciado un estudio en este sentido y que podría arrojar la necesidad de nuevos modelos de investigación y con ello la relación público-privada que precisa de un retorno justo de la inversión pública en condiciones de accesibilidad, lo que también planteo para el programa marco de investigación europeo para áreas como la salud.

P.:          En el caso de España, partimos de un desfase entre la fecha de autorización por parte de la Unión Europea y la de aprobación por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), que, además, después se incrementa y/o se gestiona de forma diferente por parte de cada comunidad autónoma. ¿Cómo valora esta situación?

R.:          Esto no es más que una consecuencia de lo expuesto anteriormente. La Comisión Europea viene incentivando y financiando, en gran parte, la investigación en determinadas áreas menos atractivas para el sector privado, la mayoría son autorización central, europea, pero los precios de los medicamentos que resultan de la misma no son accesibles en muchos casos, además de que no siempre se justifican con un valor terapéutico añadido significativo, por lo que los Estados Miembros demoran su introducción en los sistemas de salud nacionales.

No obstante, al margen de los precios de estos medicamentos, lo que desconocemos si se justifica por los costes de la investigación, pues no se tienen los datos reales, el número de autorizaciones de este tipo de medicamentos,  muchos bajo la denominación de medicamento huérfano y cada vez más de estas denominaciones entre los oncológicos, representan ya el 50% de las autorizaciones de la FDA y un tercio en la UE debido a su mayor y rápido retorno económico respecto al modelo de blockbuster tradicional hasta ahora. Este modelo, que hasta ahora ha dado respuesta a sólo un 5% de las enfermedades raras conocidas, precisa de una reflexión para que sea eficaz, eficiente y sostenible a largo plazo.

P.:          Continuando con el mercado farmacéutico, el pasado mes de diciembre formuló una pregunta parlamentaria con obligación de respuesta escrita sobre el acuerdo del Gobierno español con Farmaindustria y el acceso a financiación autonómica de las comunidades autónomas. ¿Cuál cree que es la solución para que se corrija el posible incumplimiento de las normas competencia, como son las reglas del mercado interior europeo y la competencia con la industria de genéricos?

R.:          La solución es una financiación autonómica justa y adecuada que garantice la prestación de los servicios que las comunidades autónomas tienen que proveer. Desde luego, asegurar un “volumen de negocio” de un sector industrial privado por parte de la administración pública va en contra de las normas de la competencia; lo que, además, es injusto y poco ético si se vincula al acceso a la financiación de los servicios públicos.

Si, al mismo tiempo, en lugar de tomar medidas para disminuir el gasto farmacéutico, sin derivarlo a la ciudadanía, se atacan éstas cuando son puestas en marcha por las comunidades autónomas, y según los datos expuestos en las cuestiones anteriores, creo que no vamos bien encaminados en la búsqueda de la sostenibilidad de un sistema como el que disfrutamos.

P.:          La obligación de adopción del Reglamento Europeo de Protección de Datos el próximo 25 de mayo está despertando la preocupación por este tema en el ámbito de la salud por parte de las organizaciones sanitarias. ¿Qué opina sobre el Reglamento y los retos a los que se enfrentarán las organizaciones y los directivos para hacer frente a la aplicación del mismo?

R.:          En una era donde la información y los datos van a protagonizar una revolución económica y social, su regulación es importante y con ello la protección de los consumidores, el eslabón más débil. Es cierto que no podemos con ello asfixiar las oportunidades económicas ni el progreso científico, pero la privacidad de las personas debe quedar garantizada y debemos encontrar este equilibrio. Por otro lado, este paradigma que se presenta me lleva a otra reflexión desde el lado de los sistemas sanitarios públicos, fundamentados y financiados bajo el principio de solidaridad. Los datos son bienes intangibles, pero de alto valor y cuya privacidad debe ser reservada a favor de los pacientes, pero que tiene un potencial económico y social enorme y su “propiedad pública” debiera tenerse en cuenta en los modelos de relación público-privado que se ponen en marcha, sobre todo en la investigación y se asegure un retorno público justo a la sociedad.

P.:          La Sociedad Española de Directivos de la Salud tiene como objetivo fundacional la profesionalización de los directivos y de la gestión sanitaria, luchando contra la politización de estos cargos y a favor de una gestión sanitaria que aporte calidad y eficiencia al sistema sanitario. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.:          Ambos puntos de vistas son necesarios. La formación en gestión es necesaria para poder dirigir instituciones sanitarias, la eficiencia es muy importante, pero la visión política en la toma de decisiones también es imprescindible, en el marco de la priorización de necesidades con la equidad como principio y ante escasez de recursos y con una aplicación continua de los análisis de coste-oportunidad. Podemos ver cómo sistemas cómo el de Valencia y Andalucía han divergido en los últimos años y cómo vuelve a converger ahora, lo que se ha debido a decisiones políticas; han sido modelos distintos de gestión pero con decisiones políticas detrás, por lo que la política decide el camino de tu sistema y la gestión lo pone en marcha. La vida es política, son elecciones continuas y éstas dependen de valores, en muchos casos y, ante todo, hay que poner rostro a los números, no siempre “tienen que cuadrar” para ser justos.

P.:          Como médico, con formación en gestión de Servicios Sanitarios y como política, en su opinión, ¿qué capacidades y habilidades debe tener un directivo de la salud para liderar la transformación que el sistema sanitario necesita en España hacia la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad?

R.:          Lo dicho, conocimientos en gestión y capacidad para aplicarlo, pero los valores y el compromiso con un modelo son cruciales. El modelo sanitario español necesita que nos reafirmemos en su capacidad y necesidad para la sociedad. El SNS es uno de los mayores logros sociales de la historia reciente de España y debemos creer en él, ese debe ser el principio para escapar de los debates de insostenibilidad del sistema per se. Lo que hay que combatir y regular son los retos a los que toda sociedad que evoluciona se enfrenta anteponiendo la pervivencia del sistema como end point mayor. Lo que sería insostenible es una sociedad sin una garantía de acceso a los derechos más básicos y fundamentales de la humanidad como la salud, todo lo demás es coyuntural y abordable.

NOTA: SEDISA no es responsable ni influye en las opiniones manifestadas por el entrevistad@

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