En los hospitales públicos, existe una tensión constante entre la realidad asistencial (inmediatez y presión clínica) y la realidad administrativa y jurídica (encorsetada en la Ley de Contratos del Sector Público – LCSP, e impulsada por principios de integridad, transparencia y eficiencia del gasto público). Esta fricción a menudo lleva a que la contratación sea percibida como una carga burocrática por los profesionales asistenciales.

Sin embargo, la contratación pública es una herramienta estratégica para asegurar la sostenibilidad del sistema, garantizar la equidad, y fomentar una cultura de integridad y valor público. El objetivo es impulsar el cumplimiento normativo no como una imposición, sino como una convicción compartida.

El entorno hospitalario es complejo, marcado por una normativa exigente, falta de planificación de compras, y carencia de profesionalización en las unidades de contratación. Se observan frecuentemente:

• Falta de planificación real: La contratación es una respuesta a la urgencia, no una estrategia a medio plazo.
• Rotación de personal: Dificulta la consolidación de equipos estables y formados.
• Impacto de la tecnología: Las innovaciones clínicas generan demandas de adquisición inmediatas.
• Visión desarticulada: Carencia de una visión conjunta entre las áreas jurídica, económica, asistencial y de gestión.

Esta fricción es precisamente el espacio donde debe construirse la cultura de integridad, a través del reconocimiento, la colaboración y la corresponsabilidad.

 Tres ejes fundamentales para transformar el área de contratación en un núcleo estratégico:

1. Profesionalizar el Área de Contratación

El primer paso es dotar al equipo de competencias jurídicas, técnicas y estratégicas. Esto implica:

• Formación continua: Dominar la LCSP, las herramientas digitales, y los procedimientos de gestión contractual.
• Plan Estratégico de Formación: Homogeneizar conocimientos, reforzar la autonomía y fomentar la colaboración interdepartamental.
• Protocolización: Documentar procesos y establecer flujos claros de tramitación para reducir errores, evitar riesgos, y dotar de transparencia y trazabilidad.

El objetivo es que el área deje de ser un espacio burocrático y se convierta en un núcleo estratégico de gobernanza institucional.

2. Fomentar la Visión Transversal y el Liderazgo Colaborativo

Una contratación eficaz requiere coordinación entre las áreas jurídica, económica, asistencial y de gestión.

• Liderazgo Colaborativo: Se ejerce desde la confianza, comunicación y corresponsabilidad, promoviendo la autoorganización y la toma de decisiones compartida.
• Prevención de Conflictos: La participación del área asistencial desde la definición de necesidades hasta la ejecución reduce incidencias, evita sobrecostes y mejora la satisfacción.
• Trabajo en red: Permite la innovación pública al compartir buenas prácticas y aprender de otros centros.

3. Implicar al Personal Asistencial

El personal asistencial debe ser corresponsable del cumplimiento normativo, ya que su participación es determinante para asegurar que lo contratado sea usado correctamente y mejore la atención al paciente.

• Sensibilización y Formación: No se trata de convertirlos en gestores, sino de hacerles conscientes del impacto jurídico y económico de sus decisiones de compra, conectando esto con la ética y la seguridad del paciente.
• Participación Clave: Deben participar fundamentalmente en:
  • El diseño de las prescripciones técnicas: Son quienes mejor conocen las necesidades reales y los estándares clínicos.
  • La fase de ejecución del contrato: Son quienes detectan desviaciones e incidencias en el uso real.

Con su participación, el contrato se convierte en una herramienta al servicio del cuidado de los pacientes, de donde nace la corresponsabilidad y la cultura de integridad.

Conclusión: Un Proyecto Institucional de Gobernanza

La cultura de integridad se construye colectivamente y requiere Visión, Coherencia y Ejemplaridad.

La contratación pública moderna en sanidad debe integrar tres dimensiones inseparables: técnica, jurídica y ética. Se convierte así en un instrumento de gobernanza democrática.

El reto no es solo aplicar la ley, sino integrarla en la cultura organizativa. En un contexto de presión constante, la integridad es el cimiento que sostiene la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, garantizando la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema.

  Ana Cerdán Borja – Subdirectora económica en Hospital General de Valencia