Anxo Queiruga. Presidente de COCEMFE
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La crisis motivada por el COVID-19 está afectando doblemente a las personas con discapacidad. A las restricciones de movimientos y todas las medidas de prevención que afectan a la ciudadanía en general, en el caso de las personas con discapacidad se añaden otras situaciones de base que nos hace estar en un grupo de mayor vulnerabilidad, tanto a nivel de contagio como a la hora de recibir tratamientos. Durante la pandemia hemos visto disminuidos y hasta paralizados muchos servicios, terapias o actividades que son fundamentales para tener una calidad de vida y que sin ellos se puede perjudicar nuestro estado de salud como los tratamientos de recuperación funcional, fisioterapia, tratamientos farmacológicos o tratamientos que dependen de unidades hospitalarias.
Ahora que la crisis sanitaria está pasando, es el momento de construir desde la inclusión y de prevenir desde la experiencia.
La primera propuesta pasa por reforzar el sistema sanitario público y la elaboración de planes para poder compatibilizar, en caso de situaciones análogas a la vivida, pruebas y tratamientos de personas con enfermedad crónica con la atención sanitaria de urgencia extrema debido a una pandemia. Como complemento a esta medida, se debería diseñar un protocolo de crisis sanitaria y su efecto en las personas más vulnerables, que garantice la salud y la atención de todas las personas, así como una estrategia de cronicidad dentro de todos los planes de salud, con la participación activa de las personas con patologías crónicas durante todo el proceso y en base a dos grandes ejes: la prevención y la atención y/o cuidado.
También esta crisis ha puesto en evidencia la necesidad de implantar protocolos de actuación y garantía en la atención, en igualdad de condiciones y bajo la premisa de no discriminación por razón de discapacidad. No podemos volver a encontrar protocolos clínicos o propuestas de actuación que en situaciones de emergencia nos excluyan de los recursos sanitarios y nos discriminen en los sistemas de triaje. No es ni éticamente ni jurídicamente aceptable excluir a una persona por tener discapacidad, dependencia o por la edad, porque tener una discapacidad no implica menor calidad de vida y nuestra supervivencia también tiene que ser una prioridad. Por eso, es imprescindible que todas las personas, tengamos o no discapacidad, podamos acceder en igualdad de condiciones a las UCIs en agudos y a tratamientos normalizados, e incluso que se establezcan procedimientos de atención prioritaria para las personas de mayor vulnerabilidad (personas trasplantadas, enfermedades inmunológicas, enfermedades respiratorias, etc.) que están viviendo un retraso y suspensión de actos médicos, así como dificultades de acceso a la medicación hospitalaria.
Mantener en buen estado la salud de las personas con discapacidad física y orgánica también pasa por poder acceder a todos los mecanismos de control de la pandemia; retomar la agenda de citas médicas pospuestas, tanto las consultas de atención primaria o especialistas como las intervenciones quirúrgicas; controlar posibles desabastecimientos de medicamentos y productos sanitarios, así como la estandarización del reparto domiciliario de medicaciones.
Además, la pandemia ha convertido en necesidad urgente conseguir una coordinación sociosanitaria real y efectiva. No solo evitaría duplicidades y contribuiría a la sostenibilidad del sistema, sino que permitiría ofrecer respuestas coordinadas, integradas, colaborativas y complementarias ajustadas a las necesidades de las personas.
Por último, también es fundamental asegurar la accesibilidad universal de todos los recursos sanitarios, ya sean físicos o telemáticos, potenciar la investigación en salud y sensibilizar de la importancia del cuidado de la salud como herramienta de prevención.
